En octubre del 2009 aprobó despenalizarlo en casos de embarazos por violación e inseminación artificial no consentida
Por evitar reacciones clericales congresistas incumplen con mandatos legales
Al conmemorarse este 28 de septiembre el Día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, las mujeres recordaron que su demanda constituye un pendiente desatendido por el Estado pese a los exhortos de organismos encargados de vigilar el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos que son parte de nuestro ordenamiento legal.
“Las mujeres no toleramos más la indiferencia frente a la realidad de más de 300,000 abortos inseguros cada año que ocasionan daños a nuestra salud y muchas veces la muerte, pero sobre todo nos niega la condición de ciudadanas con derecho a decidir si queremos continuar o no con embarazos no previstos en nuestros proyectos de vida”, expresaron las voceras de las organizaciones .
El aborto es un delito en el Perú e inclusive el personal médico está obligado por ley a denunciar a las mujeres que llegan con hemorragias u otras complicaciones derivadas de intervenciones en condiciones inadecuadas. Sin embargo en octubre del 2009 una comisión especial del Congreso aprobó despenalizarlo en casos de embarazos por violación fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida, y cuando el ser en formación presente graves malformaciones al nacimiento.
“Demandamos al actual Congreso debatir el Anteproyecto de Código Penal aprobado por dicha comisión especial donde se despenalizan algunos supuestos del aborto, y asumir esta responsabilidad en el marco del Estado laico establecido en nuestra Constitución sin consentir interferencias de carácter confesional que han venido vulnerando el derecho a la autonomía de las mujeres”, remarcaron las instituciones.
Precisaron que el Estado debe enfrentar de manera integral el problema del aborto en el país considerando acciones para su prevención y atención, lo cual pasa por la ineludible obligación del Congreso de revisar la actual legislación punitiva.
“La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza, y la Iglesia no se mete, es un lema que expresa claramente nuestra postura que se ajusta al marco internacional de los derechos humanos del que el Perú es parte”, reafirmaron.
